Constanza Sanchez
Un reciente estudio de Mercer ha puesto de manifiesto un notable aumento en el uso de acuerdos voluntarios para la salida de trabajadores de mayor edad en los últimos cinco años. Este tipo de acuerdos ha pasado de representar el 14 % de los procesos analizados en 2020 al 26 % en 2025. Sin embargo, a pesar de este aumento, el despido colectivo sigue siendo el procedimiento laboral más utilizado para implementar prejubilaciones,con un 41 % de la muestra, seguido por los despidos individuales, que alcanzan el 33 %, y los acuerdos voluntarios de salida, que constituyen el 26 %.
Al desglosar las cifras por sectores, se observa que las industrias tecnológica y financiera son las que más recurren al despido colectivo. Por otro lado, el sector industrial y el gran consumo prefieren el despido individual, mientras que los sectores químico-farmacéutico y de servicios optan con mayor frecuencia por los acuerdos voluntarios.
La edad media de los trabajadores a los que se les aplica el despido es de 57,19 años, un poco menor que la de aquellos que utilizan acuerdos voluntarios, cuyo promedio es de 58,29 años. En cuanto a la culminación del plan de rentas, los despidos se finalizan a los 64,05 años en promedio, en comparación con los 64,02 años para los acuerdos voluntarios.
El análisis informa que la compensación económica durante el periodo entre la salida de la empresa y el acceso a la jubilación es del 75-80 % del salario neto en el caso de despido, mientras que oscila entre el 70-75 % del salario bruto para los acuerdos voluntarios. Es importante señalar que no se trata de prejubilaciones en el sentido estricto de la palabra, ya que este concepto no está recogido en la normativa de la Seguridad Social, sino que surge de un acuerdo mutuo entre empresa y trabajador.
## Un plan de rentas hasta la jubilación definitiva
Aprovechando estos acuerdos, los trabajadores reciben garantías económicas bajo un plan de rentas que se extiende hasta la posible edad de jubilación definitiva. Este plan permite que sean adscritos a un convenio especial con la Seguridad Social (CESS) para hacer frente a las cotizaciones.
El plan de rentas en el contexto de despidos, ya sea individual o colectivo, consiste en complementar un porcentaje específico del salario que se hace efectivo hasta la edad acordada y que se ve disminuido por la prestación pública de desempleo.
Además, la empresa está obligada a garantizar el CESS hasta la misma edad en los casos de despido colectivo, aunque en el despido individual no existe esta obligatoriedad; sin embargo, la mayoría de las empresas también se decantan por suscribirlo.
Desde 2012, se estableció la obligación de realizar una aportación al Tesoro Público en casos de despidos colectivos, con el objetivo de evitar que los costos de reestructuración recayeran sobre los recursos públicos. Esta normativa ha influido en la manera en que se llevan a cabo las reestructuraciones en empresas viables y solventes, fomentando la implementación de sistemas de bajas voluntarias para empleados de mayor edad.
El estudio de Mercer ha evaluado un total de 230 procesos de reestructuración realizados por 143 empresas, de las cuales la mayoría son multinacionales. Estos datos reflejan una tendencia creciente y una adaptación del mercado laboral a las necesidades de un colectivo de trabajadores que, en ocasiones, se enfrenta a decisiones laborales difíciles en su camino hacia la jubilación.
