Constanza Sanchez
El acuerdo marco entre EE.UU. y Argentina sobre comercio e inversión, que incluye aspectos arancelarios, normativos y de propiedad intelectual, establece importantes concesiones del país suramericano hacia Washington, siendo considerado “profundamente asimétrico” por analistas consultados.
Argentina y Estados Unidos anunciaron el pasado jueves el principio de acuerdo, que abarca desde bienes agrícolas e industriales de todo tipo y minerales críticos hasta comercio electrónico. El texto, publicado por la Casa Blanca únicamente en inglés, describe un «acuerdo recíproco de comercio e inversión», pero los expertos coinciden en calificarlo de «profundamente asimétrico».
Críticas por la asimetría del acuerdo
Anabella Busso, politóloga especialista en relaciones bilaterales entre ambos países, detalló que 15 de los 17 puntos del acuerdo son concesiones que Argentina hace a Estados Unidos, mientras que solo dos habilitan algún tipo de posibilidad para el país suramericano. Uno de esos puntos se plantea de manera hipotética y casi sin precisiones: “EE.UU. puede considerar positivamente el efecto que el acuerdo tiene sobre la seguridad nacional, incluso al adoptar medidas comerciales” en sectores como la producción de aluminio o bienes intermedios destinados a la industria automotriz. Esta situación es el resultado de las políticas arancelarias impuestas por la administración de Donald Trump a prácticamente todos los países desde el 2 de abril de 2025.
«Suena irrisorio que sea Estados Unidos, bajo la presente administración, quien sostenga una retórica en pos del libre comercio», afirma un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Estados Unidos eliminaría los aranceles recíprocos, según el texto publicado el jueves, exclusivamente sobre “ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico”.
Más allá de lo comercial
Argentina es el cuarto productor mundial de litio y el tercero en reservas de este mineral. Además, posee una gran cantidad de ‘tierras raras’, recursos necesarios para la fabricación de dispositivos electrónicos y productos de alta tecnología, por cuya extracción a nivel mundial Estados Unidos compite con China.
Los analistas afirman que cuando el acuerdo se refiere a “abordar posibles acciones distorsivas de empresas estatales” o a “la prohibición de importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio”, se busca desplazar a China de sectores estratégicos en Latinoamérica. Florencia Rubiolo, especialista en política y economía internacional, sostiene que Estados Unidos persigue “un lugar de privilegio” ante la eventual privatización de empresas.
Asimismo, Estados Unidos aguarda que se interrumpan proyectos de alto valor añadido y tecnología, como las obras de infraestructura nuclear de Nucleoeléctrica o la estación espacial instalada en la provincia de San Juan, que cuentan con inversión china. «Son componentes que van más allá de un alineamiento y se inscriben en una experiencia neocolonial», concluye Busso.
Implicaciones constitucionales y la soberanía nacional
El actual presidente argentino, Javier Milei, acordó este año un nuevo programa por 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que, sumado a otras obligaciones, ha llevado al país a experimentar el mayor endeudamiento externo de su historia.
En octubre pasado, el Gobierno ultraderechista de Milei también firmó un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por hasta 20.000 millones de dólares, recibiendo el explícito apoyo del presidente Donald Trump durante el proceso electoral. Según Hernán Letcher, director de CEPA, este acuerdo marco «es tan generoso para Estados Unidos porque es el pago exigido por Trump, por el rescate financiero que hicieron con él».
«Argentina lleva adelante esa negociación en un claro proceso de debilidad y dependencia financiera», agrega Busso.
Los términos difundidos por la Casa Blanca no ofrecen claridad sobre las implicaciones respecto al Mercosur y los criterios de Nación Más Favorecida (NMF), a los cuales Argentina está obligada por sus acuerdos en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En materia constitucional, el alcance de este acuerdo podría afectar atribuciones sustanciales del Congreso y de los gobiernos provinciales, que son titulares de los recursos naturales de la Nación. CEPA expresa su preocupación, ya que considera que “el futuro acuerdo implicaría una rendición sin precedentes de soberanía en todas las áreas: comercial, económica, social, laboral, jurídica y ambiental”.
