Constanza Sanchez
El expediente abierto por la Comisión Europea a España ha permitido al BBVA considerar recurrir ante el Tribunal Supremo la intervención del Gobierno en la opa (oferta pública de adquisición) sobre el Banco Sabadell, así como la prohibición de una fusión en los próximos tres años, según diversas fuentes jurídicas.
En la sesión del 24 de junio, el Consejo de Ministros aprobó la operación con la condición de que, si prospera, el BBVA podrá adquirir el control del Banco Sabadell, pero deberá mantener ambas entidades separadas durante al menos tres años. Esta medida ha sido justificada por el Gobierno argumentando que se establece en aras del interés general, buscando fomentar el crecimiento, proteger a los trabajadores y clientes, y mantener la cohesión territorial, entre otras razones.
Además, el Ejecutivo ratificó los compromisos establecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya había dado su visto bueno a la operación de concentración, siempre que el BBVA cumpla diversas condiciones diseñadas para minimizar el impacto de la toma de control del Sabadell.
Desde el inicio, el BBVA ha sostenido que solo la CNMC tiene la autoridad para imponer condiciones. Aunque existe un marco legal que permite la intervención del Gobierno, el banco interpretó que este solo debería actuar para dar su aprobación o incluso relajar las exigencias impuestas.
Frente a esta posición, tanto el Banco Sabadell como el Gobierno sostenían que la legislación permite reforzar los compromisos pactados entre el BBVA y la CNMC o imponer condiciones adicionales para proteger el interés general. Como resultado, el Gobierno promovió una consulta pública sin precedentes para recabar la opinión de terceros.
No obstante, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, expresó que la Ley de Defensa de la Competencia no explica si el Gobierno tiene la potestad de imponer nuevos compromisos bajo el pretexto del interés general. Además, comentó que la legislación actual no clarifica esta situación, sugiriendo que fue concebida para permitir al Gobierno sancionar operaciones que la CNMC pudiera vetar. Por ejemplo, si la CNMC prohíbe la fusión de dos empresas en un sector sensible, en un contexto de crisis o guerra, el Gobierno podría igualmente autorizar dicha fusión si así lo considera relevante para el interés público.
### La disparidad de criterios
Esta disparidad de criterios, junto con la decisión del Gobierno de impedir una fusión pese al éxito de la opa, ha facultado al BBVA para contemplar la posibilidad de impugnar la decisión del Ejecutivo. Aunque la entidad ha preferido no comentar sobre sus intenciones al respecto, se rumorea que el grupo de Carlos Torres ha estado considerando seriamente recurrir la condición impuesta por el Gobierno y podría solicitar medidas cautelares para suspender la exigencia.
Jurídicamente, se argumenta que la ambigüedad de la ley ofrece razones válidas para que BBVA actúe. El hecho de que la CNMC haya aprobado la operación por unanimidad resulta relevante, especialmente ante un contexto donde la opa ha enfrentado un considerable rechazo público.
Recientemente, la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por la actuación del Gobierno en este caso, alegando que las leyes empleadas para evaluar y condicionar la opa vulneran varias normativas comunitarias. Esto se relaciona tanto con la Ley de Defensa de la Competencia y las dudas sobre la capacidad del Gobierno para imponer condiciones adicionales, como con la Ley de Supervisión y Solvencia que concede un derecho de veto al Ejecutivo sobre operaciones corporativas.
El despacho Navas & Cusí, especializado en derecho financiero y europeo, argumenta que el concepto de «interés general» es demasiado amplio e indefinido. Según su socio-director, Juan Ignacio Navas, la posibilidad de que el Gobierno bloquee una fusión bancaria podría estar en contra del artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que promueve la libre circulación de capitales. Aunque la legislación española parece respetar los derechos europeos, la capacidad del Ejecutivo para vetar fusiones corporativas representa, en opinión del experto, una «interferencia política» que Bruselas mira con escepticismo.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJU) ha dejado claro que los vetos se consideran inaceptables si la operación resulta empresarialmente razonable.
Por tanto, la apertura de un expediente por parte de Bruselas brinda al BBVA argumentos adicionales para recurrir al Supremo y desafiar la intervención del Gobierno en la opa, que avanza siguiendo su cronograma. Se anticipa que en los próximos días la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dé su aprobación al folleto de la operación, mientras que el BBVA comenzará este mismo mes el periodo de canje de la oferta, que se extenderá al menos hasta septiembre y será crucial para que los accionistas del Sabadell tomen decisiones estratégicas sobre su futuro.
