Constanza Sanchez
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España debido a la evaluación y las condiciones impuestas en la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. Según Bruselas, las leyes aplicadas en este proceso infringen varias normativas comunitarias, incluyendo aquellas que garantizan la libertad de establecimiento y de circulación de capitales.
Uno de los aspectos críticos que señala la Comisión es la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia por parte del Gobierno español. Brussels argumenta que no era correcto elevar al Consejo de Ministros la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), que originalmente había aprobado la opa con ciertas condiciones. Además, la legislación española sobre ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, de 2014, así como el real decreto correspondiente de 2015, otorgan al Ministerio de Economía un margen de decisión excesivo que puede menoscabar la competencia exclusiva que el Banco Central Europeo (BCE) tiene en este tipo de operaciones.
Como consecuencia, la Comisión Europea ha determinado que España está violando los Tratados de la UE, que abogan por la libertad de establecimiento y la circulación de capitales, además de la normativa sobre supervisión bancaria única y las directivas sobre requisitos de capital. A España se le ha otorgado un plazo de dos meses para responder a esta carta de emplazamiento. Si la respuesta no es satisfactoria, la Comisión puede iniciar un proceso de infracción que podría culminar con acciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
### Análisis desde 2024
La adquisición del Banco Sabadell por parte de BBVA recibió la aprobación del BCE en 2024, así como el visto bueno de la CNMC en abril, que estableció ciertas condiciones para minimizar el riesgo de reducción de crédito a pymes. Sin embargo, en mayo, el Gobierno decidió presentar la operación al Consejo de Ministros, que finalmente aprobó la opa con condiciones adicionales.
Previamente a esta decisión, la Comisión había resaltado que dado el decidido apoyo del BCE y de la CNMC, no había justificación para que el Gobierno rechazara la oferta. Además, se puntualizó que cualquier condición impuesta por el Gobierno debía ser «excepcional, proporcionada y justificada por razones de interés público válidas».
No obstante, el examen de la Comisión comenzó un año antes, en mayo de 2024, tras recibir una denuncia relacionada con la opa. Este aviso alertaba sobre la posible incompatibilidad de las normas nacionales de ordenación, supervisión y solvencia bancaria con el Derecho comunitario. Esto llevó a un diálogo informal entre la Comisión y las autoridades españolas (EU Pilot) para clarificar si se estaba cometiendo alguna infracción.
Cuando se anunció en mayo que la operación sería elevada al Consejo de Ministros, la atención del Ejecutivo comunitario se dirigió también hacia la Ley de Defensa de la Competencia de 2007. Esta legislación permite que el Gobierno intervenga en operaciones de concentración por razones de interés general. Sin embargo, la Comisión ha argumentado que esta facultad ha sido mal utilizada, sugiriendo que no había razones legítimas de interés público que justificaran esa elevación al Consejo.
### Subsanar el problema
Para resolver este expediente, España necesitaría modificar su legislación, especialmente en lo que se refiere a la ley y el real decreto que supervisa las entidades de crédito, ya que estas normativas pueden limitar los poderes del BCE. En cuanto a la Ley de Competencia, se sugiere que el enfoque debe centrarse en la aplicación adecuada de sus artículos controvertidos.
La apertura de este procedimiento de infracción, en principio, no interfiere en la operación de la opa ni en las decisiones ya adoptadas, dado que la infracción se refiere a las leyes aplicadas y no a la transacción en sí misma.
