Constanza Sanchez
El próximo Gobierno de Bolivia que se elegirá en los comicios del 17 de agosto enfrentará un país con persistentes problemas económicos tales como la falta de divisas y combustibles, bajo crecimiento, y una inflación acumulada del 16,92 %. Estos son considerados por algunos expertos como síntomas de una crisis que resulta del agotamiento del modelo económico defendido por el presidente Luis Arce.
El ‘Modelo Económico Social Comunitario Productivo’ implementado en Bolivia fue puesto en marcha por Arce desde su etapa como ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), caracterizado por un fuerte protagonismo estatal. Durante su campaña electoral en 2020, Arce prometió recuperar la economía, la cual sufrió una caída del 8,74 % en 2020 debido a la pandemia de la covid-19, tras haber registrado crecimientos sostenidos desde 1987.
En 2021, el producto interior bruto (PIB) de Bolivia creció un 6,11 %, y aunque los años siguientes también mostraron incrementos, estos fueron menores, con un descenso que alcanzó el 0,73 % en 2024. El Gobierno atribuye este decrecimiento a los conflictos sociales, especialmente los que involucran a los seguidores de Morales, quien ahora está distanciado del Ejecutivo.
Los ‘males’ de la economía de Bolivia
Desde principios de 2023, el país ha enfrentado una persistente falta de divisas, lo cual se reflejó en un reporte que indica que las reservas internacionales netas (RIN) llegaron a 3.148 millones de dólares, comparadas con el récord histórico de 15.122 millones de dólares registrado en 2014. Al primer semestre de este año, las reservas cayeron a 2.807 millones de dólares, según el Banco Central de Bolivia (BCB).
Además, en el último año se ha vuelto habitual ver largas filas de vehículos en las gasolineras. La inflación acumulada entre enero y julio fue del 16,92 %, superando la proyección oficial de 7,5 % para todo el año 2025. Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), comentó que el próximo Gobierno heredará un país «con bajo crecimiento y alta inflación», lo que se traduce en «estanflación», un fenómeno que resulta problemático ya que la solución para el crecimiento suele ser contraproducente para la inflación.
Rodríguez señaló que otra grave situación es la alta informalidad, con una baja recaudación que, ante un elevado nivel de gasto público, provoca un déficit fiscal crónico. Esto se ve agravado por la baja inversión privada y la alta deuda interna y externa. Hasta el 30 de junio, la deuda pública externa alcanzó los 13.805,6 millones de dólares, lo que equivale al 25 % del PIB, un indicador que, aunque es menor que el umbral establecido por organismos internacionales, sigue siendo preocupante.
Escenario de crisis
Rodríguez lamentó que «hay un escenario de crisis en el país», comenzando por la crisis en la balanza de pagos, donde el déficit comercial llegó a 506 millones de dólares en el primer semestre de 2025. Este saldo negativo es resultado de la baja en las exportaciones de gas natural.
El analista advirtió sobre una crisis energética asociada a la caída en la producción interna de gas natural, derivada de una falta de inversión en exploración y de la escasez de dólares en el sector público para importar combustibles. También mencionó otros síntomas de crisis, como una inflación que «tiende a empeorar este año», y un «alto déficit fiscal estructural, que se ha mantenido durante doce años consecutivos».
El Gobierno de Arce se ha negado a ajustar su modelo económico, en cambio, ha responsabilizado a la oposición y a parlamentarios oficialistas cercanos a Morales de sabotearlo, impidiendo la aprobación de créditos externos en el Legislativo. Rodríguez consideró que la aprobación de estos créditos podría haber ayudado a resolver la falta de dólares para importar combustibles, aunque «eso no resolvería la situación general que vive el país».
Para estabilizar la economía, se requiere «un aluvión de dólares al país para bajar el precio de la divisa y eliminar este componente del proceso inflacionario», lo que también permitirá normalizar la importación de diésel y gasolina. Además, es prioritario «resolver el problema del déficit fiscal» y considera fundamental la «liberación total de las exportaciones y el uso pleno de la biotecnología» para fortalecer la productividad y competitividad del agro, que podría llenar el vacío dejado por la caída dramática de las exportaciones de gas natural.
