Redacción
El Gobierno afronta este miércoles en el pleno del Congreso la votación clave del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, de cuya aprobación depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos, sin tener garantizados los apoyos suficientes.
Por el momento, el Ejecutivo cuenta con 175 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y parte del grupo mixto) y 171 en contra (PP, Vox y UPN), por lo que bastaría la abstención de los cuatro diputados de Podemos para que la ley continuara su tramitación.
Voto de Podemos
Podemos lleva semanas advirtiendo que impedirá que la ley se apruebe si el Gobierno no paraliza la ampliación del aeropuerto de El Prat y del puerto de Valencia.
En las últimas horas, su líder Ione Belarra aseguraba que sus cuatro diputados seguían «en el no», aunque se mostró abierta a negociar una abstención.
No obstante, fuentes de Podemos afirmaban a última hora de este martes que no existía ningún tipo de negociación con los socialistas.
Imprescindible para luchar contra el cambio climático
Considerada una ley imprescindible para modernizar la movilidad en España y luchar contra el cambio climático, el texto que se vota hoy incorpora enmiendas de casi todos los grupos dirigidas a reforzar la financiación estable del transporte público, garantizar la participación de las comunidades autónomas y ayuntamientos en la planificación, y enriquecer el texto en materia de digitalización, seguridad vial y accesibilidad universal.
Además, reconoce la movilidad como un nuevo derecho ciudadano, avanza en la descarbonización, establece, por primera vez, un sistema de cogobernanza en la materia y crea un marco normativo con respeto a las competencias de todas las administraciones.
Este proyecto, que es un compromiso de España con la Comisión Europea, marca objetivos y estrategias para llegar a lo que establece el Pacto Verde europeo: la neutralidad climática del transporte en 2050. Así mismo, eleva a rango de ley el objetivo de la descarbonización del sector.
En las últimas horas, quince entidades de la sociedad civil, entre ellas CCOO, UGT y Greenpeace, han reclamado la aprobación de esta ley, en la que patronales, sindicatos y ecologistas trabajan desde 2022.
