El Ministerio de Ambiente de Brasil confirmó este lunes que la autorización a Petrobras para explorar reservas marítimas de petróleo frente a la Amazonía se otorgó tras «un riguroso proceso de análisis ambiental», a pesar de las fuertes críticas de los grupos ambientalistas.
En un comunicado emitido poco antes de dar a conocer la noticia del licenciamiento, la cartera, liderada por Marina Silva, explicó que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), responsable de la aprobación, «exigió mejoras indispensables al proyecto» durante la etapa de estudios previos, especialmente en lo que respecta a «las medidas de respuesta ante emergencias».
Según el ministerio, las inspecciones realizadas por el Ibama se llevaron a cabo durante más de una década y comprendieron diversas exigencias. Estas incluyeron la elaboración de un estudio de impacto ambiental, la realización de tres audiencias públicas y 65 reuniones técnicas sectoriales, así como auditorías en las estructuras destinadas a la atención de emergencias.
El Ibama indicó que solicitó a Petrobras varias mejoras que fueron implementadas. Estas mejoras incluyen la construcción y puesta en marcha de un nuevo centro de rehabilitación y despetrolización «de gran tamaño», que se suma a otro existente; la inclusión de embarcaciones dedicadas al cuidado de la fauna afectada por el petróleo y otros «recursos» estratégicos para ofrecer una respuesta rápida en caso de incidentes.
Además, el ministerio informó que, durante la actividad de perforación, se llevará a cabo un nuevo ejercicio simulado de respuesta a emergencias, enfocado en estrategias para atender a la fauna.
La Licencia de Exploración
La cartera también aclaró que el Ibama es el encargado de «evaluar la viabilidad técnica del proyecto en cuestión» y no tiene en sus competencias analizar «aspectos de oportunidad y conveniencia para explotar o no petróleo», decisión que corresponde plenamente al Consejo Nacional de Política Energética.

La petrolera estatal Petrobras recibió este lunes una licencia para explorar un área situada a 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas. Esta decisión fue celebrada por miembros del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, aunque fue fuertemente criticada por las ONGs ambientalistas, a menos de un mes del inicio de la COP30, que se llevará a cabo en la ciudad amazónica de Belém.
Ibama defendió en un comunicado el «rigor» del proceso de licenciamiento y afirmó que Petrobras mejoró «sustancialmente» el proyecto presentado inicialmente, especialmente en lo que respecta a los planes de respuesta ante posibles emergencias, como un vertido en el mar.
Este organismo autónomo vinculado al Gobierno había rechazado el primer pedido de la petrolera en 2023 por «inconsistencias técnicas», sin embargo, Petrobras recurrió y presentó más información para intentar revertir la decisión.






