Constanza Sanchez
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. /Zipi. Madrid.- Esta semana, el Ministerio de Hacienda ha dado el primer paso para la elaboración de los presupuestos de 2026, unas cuentas que se enfrentan a plazos ajustados debido al retraso en los trámites previos y que, por el momento, no cuentan con los apoyos parlamentarios garantizados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su intención de presentar un proyecto de presupuestos para el próximo año con el fin de sustituir a los de 2023, que actualmente están vigentes tras dos prórrogas.
Las cuentas se presentarán “con o sin” apoyos parlamentarios asegurados, ha especificado María Jesús Montero, quien añadió que se va “a dejar la piel” para conseguir que salgan adelante.
Aprobación de la quita de deuda autonómica
Por el momento, nada garantiza que el presupuesto o sus trámites previos cuenten con apoyos suficientes; sin embargo, el curso político ha arrancado con guiños del Gobierno a algunos de sus socios, como la aprobación de la quita de deuda autonómica pactada con ERC.
A esto se suma la reunión del president de la Generalitat, Salvador Illa, con el expresident Carles Puigdemont, que, aunque no abordó el posible apoyo de Junts a los futuros presupuestos, pretende “seguir ganando confianza mutua” entre los partidos, según reconoció Montero.
En cualquier caso, Sánchez ha descartado adelantar elecciones si no consigue sacar adelante el presupuesto y ha afirmado que, si esto ocurriera, continuaría con los actualmente prorrogados porque las cuentas no son un fin en sí mismas, sino un instrumento para crecer y crear empleo.
El escollo de la senda de estabilidad
Los trámites previos al presupuesto han comenzado esta semana con la publicación de la orden de elaboración de las cuentas, donde se detallan las instrucciones que deben seguir los diferentes departamentos, y que llega con meses de retraso respecto al calendario habitual.
También acumula retrasos la senda de estabilidad, que se debería haber presentado antes del final de junio y que aún está pendiente, lo que complica todos los plazos presupuestarios, ya que tiene su propia tramitación que tradicionalmente se alarga varias semanas.
En primer lugar, el Gobierno tiene que presentar su propuesta de objetivos de déficit y deuda a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y a las corporaciones locales en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), donde Hacienda tiene la mitad de los votos, lo que garantiza su aprobación.
Posteriormente, el Consejo de Ministros aprueba los objetivos y los remite al Congreso junto al techo de gasto -que no se vota-. Si estos son aprobados, pasan al Senado, y si la Cámara Alta los avala, quedan definitivamente aprobados; en caso contrario, regresan al Congreso.
Senda de estabilidad
Los objetivos de estabilidad actualmente en vigor son los recogidos en el programa de estabilidad de abril de 2023 (déficit del 2,5 % para 2026), siendo anteriores a la reforma de las reglas fiscales europeas, ya que el Gobierno no logró aprobar unos nuevos para el periodo 2025-2027 debido a la exigencia de Junts de dar mayor margen a las autonomías.
En caso de que la senda de estabilidad no sea aprobada, el Gobierno tendrá que presentar una nueva, y si esta también es rechazada, se mantendrán en vigor los últimos objetivos remitidos a Bruselas, ya muy desfasados.
Con los objetivos en vigor -ya sean los nuevos o los del programa de estabilidad-, el Gobierno tendrá que elaborar el proyecto de presupuestos y remitirlo a las Cortes, algo que, según la Constitución, debe hacerse antes de octubre, aunque este plazo se ha incumplido en numerosas ocasiones.
A partir de ese momento, arranca la tramitación parlamentaria, que tiene su primer gran hito en la votación de las enmiendas de totalidad, ya que si alguna de ellas prospera, el texto se devuelve al Gobierno.
La tramitación presupuestaria suele alargarse unos tres meses y tiene como objetivo que la ley quede definitivamente aprobada antes de final de año para que entre en vigor el 1 de enero y evitar así una nueva prórroga.
