Constanza Sanchez
El PSOE ha apoyado recientemente la propuesta de Sumar para abordar una reforma de la indemnización por despido improcedente, con el objetivo de que esta sea «realmente disuasoria y restaurativa», tal como lo estipula la Carta Social Europea.
El Congreso de los Diputados ha debatido una proposición no de ley presentada por Sumar que insta al Gobierno a llevar a cabo esta reforma. A falta de la votación, la iniciativa ha recibido el respaldo de la diputada socialista Ada Santana, quien ha resaltado la necesidad de poner fin al «despido injusto». Santana ha propuesto recuperar los 45 días de indemnización por año trabajado, además de garantizar que esta sea «realmente restaurativa y disuasoria», lo cual considera una «prioridad» para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien «está trabajando en ello».
Díaz ha reiterado en varias ocasiones su intención de abordar la reforma del despido en el futuro cercano, motivada por la presión de los sindicatos que han llevado la problemática a Europa. Estos sindicatos han solicitado al Consejo de Europa que «tome nota» de las fallas en España en cuanto a las indemnizaciones por despido, exigiendo medidas más eficaces para asegurar el cumplimiento de la Carta Social Europea (CSE).
Garantizar una recuperación tanto económica como vital
Los sindicatos han denunciado que España incumple el artículo 24 de la CSE, que garantiza a los trabajadores el derecho a la protección ante el despido, al recibir una indemnización adecuada o una reparación apropiada en caso de que el despido sea injustificado. Ambos sindicatos habían apelado al Comité Europeo de Derechos Sociales, el cual les dio la razón en el marco del incumplimiento de la normativa española, dado que la indemnización por despidos improcedentes en España, que asciende a 33 días por año trabajado, no resarce los daños causados ni es disuasoria.
Durante el debate de la proposición no de ley, la diputada de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha abogado por la reforma del despido para garantizar una recuperación que sea tanto económica como vital, permitiendo que la indemnización «se adapte a cada caso» en busca de «mayor justicia».
Partidos como ERC, Bildu, Podemos y BNG han mostrado su apoyo a la medida; sin embargo, han lamentado que no se haya formalizado en una ley que permita su aplicación práctica. Por su parte, el PNV ha criticado la falta de concreción en la propuesta, señalando la necesidad de evitar un enfoque subjetivo en la indemnización por despido que conduzca a agravios comparativos.
Desde el PP han manifestado que una indemnización variable podría generar efectos adversos en colectivos vulnerables. Vox ha querido resaltar la falta de seguridad jurídica que conlleva un «cálculo subjetivo» de la indemnización, mientras que Junts ha enfatizado la relevancia de la competitividad y la productividad económica en este contexto.
