Redacción
En México, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo enfrentan diversas barreras para acceder al sistema financiero formal, según el ‘Informe de Cultura Financiera: Inclusión y Remesas en el Noreste de México’. A pesar de estas limitaciones, el informe resaltó que existen oportunidades en el ecosistema financiero que podrían garantizar un acceso efectivo a servicios bancarios para estas personas.
Aunque las personas migrantes y refugiadas han compartido experiencias de rechazo al intentar acceder a servicios bancarios, el estudio mostró una percepción mayormente positiva del sistema financiero mexicano, con cerca del 60 % de los encuestados calificándolo como “bueno o excelente”.
El estudio fue elaborado por la Escuela de Negocios y la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Constató que “6 de cada 10 fueron rechazadas en bancos porque sus documentos migratorios no fueron reconocidos como válidos”, a pesar de que la legislación mexicana permite la apertura de cuentas con dichos documentos.
El informe subraya que la inclusión financiera no depende solo del interés de las personas en movilidad, sino de la apertura y adaptación de los mecanismos institucionales. “La inclusión financiera no es solo una cuestión económica, sino un derecho que determina la posibilidad de integrarse, trabajar y construir una vida digna en el país de acogida”, comentó Kathia Ramos Garza, profesora-investigadora de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey y coautora del reporte.
Adaptación de los procesos
En los últimos años, México ha observado un notable aumento en las solicitudes de asilo, superando las 80.000 al cierre de 2024, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). De los solicitantes, el 65 % son personas refugiadas, el 50 % son mujeres, y la edad promedio es de 36 años. Los países de mayor procedencia son Honduras (29 %), Haití (20 %), Venezuela (19 %) y Cuba (15 %).
Asimismo, se reporta que el 51 % de las personas migrantes, en movilidad, solicitantes de asilo y refugiadas no cuentan con una cuenta bancaria en México, y el 79 % señala el uso de efectivo como su principal método para realizar pagos.
En otro aspecto, las remesas se identifican como un pilar económico crucial para las familias y comunidades de origen. Sin embargo, su potencial para el desarrollo se ve limitado por la exclusión financiera, ya que gran parte del dinero se envía por canales informales, lo que conlleva mayores costos y riesgos.
El informe hace hincapié en la necesidad de que el sector bancario adapte sus procesos para reconocer documentos migratorios válidos, como la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias. Esto podría contribuir a reducir desigualdades, fortalecer la autonomía económica de las personas en movilidad y maximizar el impacto positivo de las remesas.
A través de un análisis de diversos aspectos relacionados con la cultura financiera de este segmento poblacional, como los hábitos de ahorro, los métodos de pago utilizados y su nivel de acceso a productos financieros, el informe permite identificar brechas y diseñar estrategias más efectivas para su integración económica y social.
