Constanza Sanchez
El vicepresidente y analista senior de Moody’s, Renzo Merino, habló en una rueda de prensa en Ciudad de Panamá, donde destacó el compromiso del gobierno panameño para proteger el grado de inversión del país.
El Gobierno de Panamá afirmó este miércoles que está realizando la «tarea» correspondiente para proteger su grado de inversión, implementando una «ley fiscal clara» y buscando la estabilización del aumento de la deuda pública. Además, ha trabajado en la aprobación de la reforma de pensiones y en una ejecución presupuestaria «responsable».
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respondió de esta manera un día después de que Moody’s alertara que, si bien el Ejecutivo panameño ha tomado pasos positivos, aún son insuficientes para estabilizar las métricas fiscales del país, que actualmente se encuentra en el último escalón del grado de inversión (Baa3) con perspectiva negativa, según explicó Renzo Merino.
El comunicado del MEF subrayó que «Panamá ordena sus finanzas cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal aprobada en octubre de 2024». Esta ley establece una senda explícita y decreciente del déficit fiscal del 4 % del producto interno bruto (PIB) en 2025, que se reducirá a 1,5 % desde 2030, garantizando así una trayectoria clara de sostenibilidad.
A través de esta estrategia de reducir el déficit, que alcanzó el 7,3 % en 2024, el gobierno busca «pagar menos intereses (de deuda), proteger el gasto social y mantener su credibilidad», señaló el MEF.
Medidas para frenar gasto público
El MEF recordó que, en noviembre de 2024, Moody’s mantuvo la calificación de Panamá en Baa3 pero cambió su perspectiva de estable a negativa. Desde entonces, el Gobierno del presidente José Raúl Mulino ha implementado varias acciones, como la «regla fiscal en marcha», y ha promovido una mayor «transparencia» a través de la divulgación de «datos verificables».
En marzo de 2025 se aprobó la reforma de la Caja del Seguro Social (CSS) para asegurar la sostenibilidad del sistema y aumentar la transparencia. También se han realizado «recortes a lo administrativo» en el Estado, y se ha saneado las finanzas públicas mediante «subastas de Letras del Tesoro y diversificación de fuentes de financiamiento» en el mercado doméstico.
Merino comentó que la Administración de Mulino heredó una «posición fiscal muy complicada» del gobierno anterior. Moody’s espera observar en los próximos meses qué medidas se aprueban, tanto a nivel presupuestario como de otras índoles, para «frenar el gasto y aumentar los ingresos», y si estas serán «suficientes o no, en comparación con otros países» para mantener el grado de inversión de Panamá.
La agencia también sigue de cerca la capacidad del Gobierno panameño para generar consensos políticos, controlar el gasto y resolver pasivos contingentes significativos, como los litigios relacionados con la mina de cobre clausurada a finales de 2023, que representan un riesgo superior al 25 % del PIB.
La próxima evaluación formal del comité de calificación de Moody’s se realizará a más tardar en noviembre de este año. Merino concluyó que «típicamente en Moody’s, cuando tenemos una perspectiva negativa, esto se asocia a una posibilidad de 1 de cada 3 de que haya una rebaja».
