Madrid.- El Ministerio de Función Pública y los sindicatos CSIF y UGT han cerrado este miércoles un acuerdo salarial para los empleados públicos, todavía pendiente de valoración por parte de CCOO. Este acuerdo contempla una subida del 11 % en cuatro años, que comenzará a aplicarse en la nómina del próximo mes de diciembre con un alza del 2,5 % correspondiente a 2025, retroactiva desde enero.
A esta subida le seguirá un incremento del 1,5 % para 2026, junto con otro 0,5 % variable que se cobraría en el primer trimestre de 2027, con efecto retroactivo, si el índice de precios de consumo (IPC) iguala o supera el 1,5 % a cierre de año, según fuentes sindicales. Para 2027, el aumento salarial fijado es del 4,5 %, mientras que para 2028 será del 2 %.
Según los cálculos de la mesa negociadora, la subida acumulada al final del periodo alcanzará el 11,4 % debido al efecto arrastre de consolidar cada año la subida en las tablas salariales.
A la espera de la decisión de CCOO
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha informado que se ha alcanzado “un principio de acuerdo con dos de las principales centrales sindicales, UGT y CSIF, y está a la espera de que CCOO también forme parte del mismo”.
“Dicho acuerdo supone un gran avance para los servidores públicos y también garantiza el poder adquisitivo de los empleados públicos hasta 2028”, añade el ministerio.
CSIF ha asegurado que suscribe el acuerdo por responsabilidad, ya que entiende que es el mejor acuerdo posible en las actuales circunstancias, dada la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea, así como el gasto en defensa obligado por la OTAN.
No obstante, el sindicato asegura que su firma no es un cheque en blanco y se compromete a velar por el cumplimiento de todos los puntos pactados en la comisión de seguimiento del acuerdo, que se formalizará en un plazo máximo de 15 días.
Más refuerzo de plantillas
El acuerdo incluye la supresión de la tasa de reposición para favorecer el refuerzo de las plantillas. CSIF explica que también se han desbloqueado otros temas para su negociación, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales o la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.
Además, el Gobierno se ha comprometido a mejorar la calidad sanitaria del mutualismo administrativo, la conciliación, la promoción interna o la jubilación. También se contempla acortar los procesos selectivos, elevar los complementos de residencia e insularidad, y actualizar las retribuciones del personal laboral en el exterior, además de reforzar la atención al público y adaptar la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales.
Para Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, se trata de “un gran acuerdo” en el que no sólo ganan los empleados públicos, sino que también mejora la calidad del servicio, incluyendo una subida salarial del 11,4 % que recupera un 2,9 % de poder adquisitivo.
Araque ha añadido que, además del incremento salarial, se elimina la tasa de reposición, y se garantiza que las ofertas públicas de empleo aumentarán en un año, “y que la Administración está preparada para recibir a los nuevos y para promocionar a los que están dentro”.






