Redacción
Las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz, ubicada en Cáceres, están trabajando en una gobernanza para elevar al Ministerio para la Transición Ecológica una petición conjunta de prórroga para la instalación extremeña, que se mantiene en óptimas condiciones técnicas, según han informado fuentes de Iberdrola.
Los tres titulares de la planta -Iberdrola, Endesa y Naturgy- han manifestado su disposición a mantener la operación de la planta más allá de los plazos previstos. Esta postura se conoció en el marco de la última reunión de la Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT).
Con motivo de esta reunión, Iberdrola ha reiterado su compromiso con la extensión de la vida útil de la central, alineándose con las posiciones manifestadas públicamente por Endesa y Naturgy. Esta última compañía ya planteó el lunes pasado la posibilidad de una ‘miniprórroga’ hasta 2030.
Fuentes del sector destacan la importancia de que Iberdrola haya dado un paso adelante al posicionarse a favor de una prórroga para Almaraz, de la que es el primer accionista con una participación cercana al 53 %, por delante de Endesa (36 %) y Naturgy (11,3 %).
Recientemente, ha cobrado fuerza la posibilidad de que Iberdrola, dado su peso en el accionariado, sea quien presente formalmente una propuesta para solicitar la prórroga. Sin embargo, en su plan estratégico 2025-2028, la energética que preside Ignacio Sánchez Galán contempla el cierre de Almaraz, un tema que fue actualizado el 24 de septiembre en Londres durante el Capital Markets Day.
La solicitud, en preparación
La solicitud formal para la continuidad de la central está siendo elaborada por los socios, quienes trabajan en los procedimientos de gobernanza para presentarla al Ministerio para la Transición Ecológica. Este paso es previo a la entrega de la documentación técnica al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), encargado de garantizar la seguridad y el cumplimiento regulatorio en el sector nuclear español.
Independientemente de que se solicite o no ampliar la vida útil de la central, las empresas deberán enviar al CSN antes del 1 de noviembre la documentación que se evaluará de cara al cese del primer reactor de la planta, previsto para el mismo día de 2027.
Desde hace meses, especialmente tras el inédito apagón peninsular del pasado 28 de abril, el debate sobre la vida útil de las nucleares se ha intensificado. Fuentes de Iberdrola reiteran que la energía nuclear es clave para la seguridad de suministro, la estabilidad de precios y la descarbonización, apoyándose en investigaciones y datos del sector. Aunque representa solo el 5 % de la potencia instalada, esta tecnología suministra cerca del 20 % de la electricidad en España, “garantizando el abastecimiento de uno de cada cinco hogares”.
De una declaración de intenciones a la petición formal
Iberdrola y Endesa enviaron en junio una carta al Ministerio para la Transición Ecológica sobre la prolongación de varias centrales, la cual fue entendida como una mera declaración de intenciones condicionada a un cambio del marco normativo, y no como una petición formal. Desde el Gobierno argumentaron que la misiva, que no fue firmada por Naturgy ni EDP, las otras dos propietarias de instalaciones nucleares, tampoco cumplía con sus lógicas: garantizar la seguridad de las personas, asegurar la seguridad de suministro y no aumentar el coste para los ciudadanos.
La seguridad de la central ha sido uno de los temas tratados en la reunión ordinaria de la Junta de Administradores, donde se analizaron las operaciones de la planta, que “mantiene sus instalaciones en óptimas condiciones”.
