Constanza Sanchez
La CEOE de Tenerife ha lanzado un llamado al Gobierno de Canarias para que cumpla su compromiso de reducir el IGIC, en un momento en que la economía local se estabiliza mientras se anticipan posibles efectos negativos de la inminente subida arancelaria. Estos cambios podrían comenzar a afectar la economía canaria a finales de este año.
Durante la presentación del informe de coyuntura económica del segundo trimestre de 2025, el presidente de la patronal tinerfeña, Pedro Alfonso, y el director de consultoría de Corporación 5, José Miguel González, mantuvieron la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias en un 2,8%. Sin embargo, este crecimiento se enmarca en un ambiente de estabilización económica y una creciente incertidumbre.
Un aspecto clave de esta incertidumbre proviene de las negociaciones arancelarias entre Europa y Estados Unidos, que podrían resultar en un arancel general del 15%. Aunque se espera que el impacto directo en Canarias sea limitado, José Miguel González advirtió que podría traducirse en un aumento de precios, especialmente afectando a países emisores de turismo como Alemania. Esto podría manifestarse en una disminución de visitantes y un descenso en el gasto turístico a partir de fin de año.
En este contexto, Pedro Alfonso enfatizó que el Gobierno de Canarias no debe olvidar su compromiso social de reducir el IGIC. Destacó que este es el penúltimo presupuesto de la legislatura y que es el momento para tomar decisiones claras sobre la necesaria disminución de los tipos de IGIC.
Además de la inflación impulsada por los aranceles, que ha llevado al Banco Central Europeo a detener la reducción de tipos de interés, la CEOE de Tenerife identificó otros riesgos en la coyuntura actual. Uno de los más preocupantes es el aumento del precio de la vivienda, que no se debe a una burbuja de demanda, sino a la escasez de oferta. Alfonso advirtió: “Los empresarios no vamos a solucionar el problema de la vivienda que hay en Canarias a través de los salarios; es absolutamente imposible.”
El presidente de la patronal instó a evaluar el impacto de la Ley de Vivienda y pidió al Gobierno que construya vivienda pública, así como que facilite la colaboración público-privada en la edificación de nuevas viviendas. Estas acciones, según Alfonso, ayudarían a dinamizar la oferta en el mercado inmobiliario y, en consecuencia, a reducir los precios.
Los empresarios están llegando a acuerdos salariales que superan la inflación, y por lo tanto, no deben asumir la responsabilidad de las dificultades en el mercado inmobiliario.
Otro riesgo mencionado en el informe se refiere a la polarización en el crecimiento poblacional en Canarias, así como el envejecimiento de la población, que puede resultar en un aumento del gasto social, sanitario y en pensiones. Esto podría llevar a una presión fiscal mayor, la cual la CEOE rechaza enérgicamente.
En el ámbito laboral, la discrepancia entre las ofertas de trabajo no cubiertas y una tasa de desempleo de “dos dígitos” (13,3% de la población activa) representa un factor de riesgo significativo para la economía, así como el aumento del absentismo laboral. José Miguel González señaló que la tendencia de absentismo continúa desviándose de la media nacional, indicando que cada vez más personas no se presentan a sus trabajos, aunque mayormente por razones justificadas. Sin embargo, esta situación refleja las mismas problemáticas observadas en el resto del país.
