Redacción
El 1 de noviembre concluye el plazo que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) otorgó a Iberdrola, Endesa y Naturgy, como propietarias de la central nuclear de Almaraz, para enviar la documentación que este organismo tendrá que evaluar de cara al cese del primer reactor de la planta extremeña.
Mientras tanto, la posible modificación del calendario de cierre nuclear, pactado en 2019 entre las compañías y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), sigue en el aire a la espera de que las dueñas de las centrales presenten una petición formal que, hasta ahora, han condicionado a una revisión de la carga fiscal.
Por lo pronto, Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), nombre de la sociedad que gestiona las plantas de Almaraz y de Trillo, tiene prevista una reunión para el próximo martes, 21 de octubre, aunque no ha trascendido si en el orden del día está incluido tratar alguno de estos puntos.
Preparación para el cierre
El pasado julio, el CSN informó a las propietarias de Almaraz que, con motivo de la evaluación del cese definitivo de las centrales nucleares españolas, los titulares debían remitirle, “con suficiente antelación”, una propuesta de revisión de la documentación oficial de la instalación adaptada, por ejemplo, a los riesgos derivados de la preparación del desmantelamiento.
En una guía específica, el organismo establece que, en la medida de lo posible, los documentos oficiales de parada se envíen “con dos años de antelación al CSN, para su evaluación (…) como soporte sobre el cual se emitirá la declaración de cese”.
Para la primera unidad de Almaraz, el permiso de explotación finaliza el 1 de noviembre de 2027, de modo que el plazo concluiría el mismo día de este año.
Debate nuclear
Desde hace meses, sobre todo después del apagón peninsular del 28 de abril, el debate sobre la vida útil de las nucleares es continuo.
Iberdrola y Endesa enviaron en junio al Ministerio para la Transición Ecológica una carta sobre la prolongación del calendario de varias centrales que ese departamento entendió como una mera declaración de intenciones condicionada a un cambio del marco normativo, y no como una petición formal.
Desde el Ejecutivo se alegó que la misiva, que no firmaban ni Naturgy ni EDP, las otras dos propietarias de instalaciones, tampoco cumplía con sus líneas rojas, a saber que haya seguridad para las personas, garantice la seguridad de suministro y no suponga un mayor coste para los ciudadanos.
La poca información que ha trascendido en este tiempo apunta a una cierta disposición de las compañías a una miniprórroga para Almaraz, al menos hasta 2030. Aunque el problema sigue siendo económico.
Las titulares reclaman una reducción de la factura fiscal de las centrales, donde engloban impuestos autonómicos o locales y la ‘Tasa Enresa’, que sirve para sufragar los costes de gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos generados, así como su futuro desmantelamiento y clausura.
La inquietud que suscita el tema se ha extendido entre los grupos políticos, empezando por el PP, que consiguió que el Congreso tramitara su propuesta de ley para prorrogar las nucleares gracias al apoyo de Vox y la abstención de Junts.
Pero el Gobierno se mantiene firme: solo tramitará una posible ampliación del calendario de cierre si así lo piden formalmente todas las propietarias y siempre velando por que se cumplan sus tres líneas rojas.
Este debate ha alcanzado también la política territorial. En el caso de Extremadura, su presidenta, María Guardiola (PP), anunció hace una semana la rebaja a la mitad del impacto fiscal sobre la central de Almaraz.
Según explicó el Ejecutivo extremeño, esta ecotasa recauda alrededor de unos 80 millones de euros actualmente y su reducción sería progresiva siempre que la instalación siga en funcionamiento.
Parque en España
En España funcionan cinco centrales nucleares: Almaraz, en Cáceres (propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy); Ascó y Vandellós (Endesa e Iberdrola), en Tarragona; Cofrentes (Iberdrola), en Valencia, y Trillo (Iberdrola, Naturgy, EDP y Endesa) en Guadalajara.
Almaraz y Ascó disponen de dos unidades, por lo que suman siete reactores de agua ligera, con una potencia eléctrica instalada de 7.398,77 megavatios (MW).
En 2019, las empresas propietarias y Enresa acordaron un calendario de cierre en el que se prevé el cese de explotación ordenado de las centrales en el horizonte temporal 2027-2035.
De no producirse cambios, la primera en cerrar será Almaraz I, mientras que para la segunda unidad lo hará el 31 de octubre de 2028. Ya en 2030 se desmantelarán Ascó I y Cofrentes; en 2032, Ascó II, y en 2035, Vandellós II y Trillo.
