Constanza Sanchez
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha intervenido en un Pleno del Congreso de los Diputados para abordar los trámites previos a los futuros presupuestos de 2026, que se encuentran fuera de plazo y que seguirán acumulando retrasos durante las vacaciones veraniegas del Gobierno. A pesar de esto, la administración ha reiterado su compromiso con la presentación de unas nuevas cuentas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó durante un encuentro con los medios que «el Gobierno de España presentará los Presupuestos Generales del Estado para 2026», aunque eludió aclarar las consecuencias en caso de no conseguir suficientes apoyos para aprobarlos. Su afirmación fue respaldada por la vicepresidenta, quien añadió que «no se puede dar el pistoletazo de salida si no hay seguridad de que se podrán aprobar».
La situación actual se complica debido a la falta de respaldo parlamentario, lo que ha llevado a que se prorrogue en dos ocasiones el presupuesto de 2023, creando una situación inédita. Esta parálisis se ha intentado compensar mediante modificaciones de crédito y el uso de fondos europeos como «otros presupuestos», según comentó Sánchez.
Una aprobación de presupuesto que esté vigente el 1 de enero del próximo año es crucial para dar solución a la anómala situación actual y para que las cuentas del Estado reflejen adecuadamente el contexto de crecimiento económico, la inestabilidad internacional y el aumento del gasto en defensa. Entre las prioridades que deberán incluir las futuras cuentas están: la subida salarial de los funcionarios, la actualización de pensiones y las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos, así como la revisión del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se mantiene congelado en 600 euros mensuales desde 2023.
Retraso en los trámites previos
El Gobierno ha manifestado su compromiso en la presentación de los presupuestos de 2026, aunque aún no ha renunciado a los de 2025. Sin embargo, no ha dado inicio a los trámites necesarios para el próximo año, que ya han sobrepasado sus plazos. En este contexto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha alertado sobre la «fuerte incertidumbre institucional» que mantiene congelado el marco fiscal nacional, una parálisis que se prolongará al menos hasta que concluyan las vacaciones gubernamentales.
Según la AIReF, aún no se ha publicado la orden de elaboración de los presupuestos, que generalmente se difunde en el Boletín Oficial del Estado al inicio del verano. Además, no se han actualizado las previsiones macroeconómicas ni se han presentado los objetivos de estabilidad para los próximos tres años, un requisito que debería cumplirse antes de finalizar junio, pero que la ministra Montero ha pospuesto hasta septiembre.
Objetivos de estabilidad, primer escollo
Los objetivos de estabilidad—diferentes indicadores como déficit, deuda y regla de gasto—son fundamentales para establecer los márgenes de maniobra de las futuras cuentas, asegurando el cumplimiento de los compromisos con Bruselas. Esto representa el primer obstáculo presupuestario, dado que requiere de aprobación parlamentaria.
La tramitación de la senda de estabilidad generalmente toma varias semanas y, aunque el Gobierno planea presentarla tras las vacaciones, los plazos son ajustados para anunciar el proyecto presupuestario antes del 30 de septiembre. El proceso comienza con la presentación de la propuesta de objetivos a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y a las corporaciones locales en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), donde el Ministerio de Hacienda tiene la mitad de los votos, lo que asegura su aprobación.
Una vez aprobados esos objetivos por el Consejo de Ministros, deben ser enviados al Congreso junto con el techo de gasto, que no se vota. Si obtienen el apoyo del Senado, quedarán ratificados; en caso contrario, retornan al Congreso.
Actualmente, los objetivos de estabilidad vigentes abarcan el déficit del 2,7 % para 2025 y del 2,5 % para 2026, reflejando un contexto previo a la reforma de las reglas fiscales europeas. Esta situación se ha complicado debido a que el Gobierno no logró establecer nuevos objetivos para el período 2025-2027, a causa de la exigencia de Junts de otorgar mayor margen a las autonomías.
Si la senda de estabilidad no es aprobada, el Gobierno deberá presentar otra propuesta. En caso de rechazo, se mantendrán en vigor los objetivos remitidos anteriormente a Bruselas, que ya están desactualizados. Con los objetivos ya en vigor, el Gobierno deberá elaborar el proyecto de presupuestos y remitirlo a las Cortes antes del 30 de septiembre, lo que le dejará un margen de aproximadamente tres meses para culminar la tramitación parlamentaria, aunque en años recientes este plazo se ha visto habitualmente superado.
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