Constanza Sanchez
Cientos de personas se han manifestado este domingo en Madrid para exigir la aprobación del «escudo social» que esta semana se debate en el Congreso. Esta iniciativa incluye medidas como la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026. La manifestación fue convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
El pleno del Congreso votará el próximo jueves un decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables, además de otras medidas del llamado «escudo social» así como de índole fiscal y empresarial. Sin embargo, esta propuesta previsiblemente será rechazada por la mayoría que suman el PP, Vox y Junts.
Las movilizaciones continuarán
La marcha partió de la plaza Antón Martín y concluyó en Sol, donde se leyó un manifiesto. Durante la movilización, se corearon lemas como «ni gente sin casa, ni casas sin gente», «sin luz, sin gas, el rey tendría que estar», «no vamos a parar, estamos defendiendo el escudo social», «pensionistas y estudiantes, unidos y adelante» y «ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar».
El portavoz estatal de COESPE en Madrid, Damián Rodríguez, aseguró que van a proseguir con estas movilizaciones «de manera permanente» hasta que se dé luz verde al decreto. Rodríguez lamentó que «la derecha no tiene ni corazón ni cabeza» y que «solamente tiene los ojos del dólar y de amasar dinero a espuertas».
En España, cerca de 4.500.000 personas pensionistas cobran menos de 1.000 euros al mes, siendo en su mayoría mujeres. Rodríguez pidió que «la pensión mínima se equipare con el salario mínimo interprofesional». Adicionalmente, advirtió que «el coste de la vida sube enormemente», especialmente el de la vivienda; si este decreto no pasa, miles de personas «podrían acabar en la calle, lo que provocaría un estallido social incalculable».
Fernando de los Santos, portavoz del sindicato de inquilinas, enfatizó la necesidad de unidad entre inquilinas, trabajadoras y pensionistas para proteger el escudo social a debatir esta semana en el Congreso, así como para la revalorización de las pensiones.
No al enfrentamiento
De los Santos rechazó el enfrentamiento entre pensionistas y trabajadores: «Esto no es un conflicto intergeneracional, es un conflicto de clase». Argumentó que la raíz del problema es la misma tanto en el tema de las residencias de mayores como en los alquileres, apuntando que «son los mismos fondos, las mismas empresas, las mismas personas, las que están acaparando viviendas y privatizando las residencias».
El portavoz de CSI destacó que «cobran unos precios por las camas en las residencias privadas que no se pueden pagar con las pensiones actuales» y también mencionó que los alquileres son inalcanzables con los sueldos actuales. Por ende, hizo hincapié en que es necesaria una «revalorización de las pensiones, pero de la mano de ese escudo social que permita que no se produzcan desahucios», considerando que más de 600.000 contratos de alquiler finalizan en el próximo año y si no se toman medidas, muchas personas podrían acabar en la calle.
