Constanza Sanchez
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este viernes la eliminación del subsidio al diésel, una medida que, según las previsiones del Gobierno, supondrá un ahorro en el gasto estatal de 1.100 millones de dólares. Estos recursos serán destinados a medidas de protección social y subvenciones para incentivar la producción nacional.
Noboa tomó esta decisión tras haber eliminado el subsidio también el año pasado con las gasolinas Extra y Eco País, que son las de mayor consumo en el país. Actualmente, estos combustibles registran precios al consumidor similares a los valores internacionales, luego de haber sido ajustados progresivamente tras su descongelamiento.
La eliminación de los subsidios a los combustibles es una de las decisiones políticas más sensibles en Ecuador. Intentos anteriores de implementar cambios en este sentido por parte de los expresidentes Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) se encontraron con grandes protestas, especialmente por parte del movimiento indígena.
Estas medidas forman parte de los planes económicos de Noboa para reducir un déficit estatal que alcanzó casi el 5% del producto interior bruto (PIB) al asumir el cargo en 2023, además de cumplir con las metas del programa crediticio del Fondo Monetario Internacional (FMI), que asciende a 5.000 millones de dólares en un periodo de cuatro años (2024-2028).
Los recortes
A la eliminación de los subsidios de los combustibles se suman recortes dentro de la administración estatal, como la reducción del Gobierno de 20 a 14 ministerios y el despido de 5.000 funcionarios.
La eliminación del subsidio al diésel entrará en vigor este sábado, lo que implicará un aumento en el precio de este combustible en las estaciones de servicio, pasando de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares.
El anuncio fue realizado en un mensaje a la nación emitido la noche del viernes, en el cual varios ministros expresaron la posición del presidente Noboa, quien no estuvo presente en la alocución.
“Enfrentamos con valentía las decisiones que deben tomarse”, expresó la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, quien añadió que “los recursos deben ir donde se necesitan”.
Moya destacó que, durante décadas, el esfuerzo de todos los ecuatorianos ha financiado un subsidio que debía garantizar bienestar, pero que en su mayoría ha beneficiado a contrabandistas, mafias de la minería ilegal y a personas privilegiadas que no lo necesitaban. “Hemos cerrado esa llave para costear algo mejor, para que los recursos vayan a donde se necesitan”, reiteró.
El transporte
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, aseguró que los precios del transporte de pasajeros no aumentarán, al señalar que habrá un mecanismo para compensar a las unidades con entre 400 y 1.000 dólares al mes. “Este mecanismo, que representa una inversión de 220 millones de dólares, está listo y funcionando”, puntualizó Luque.
Además, se anticiparon subvenciones de hasta 20.000 dólares para chatarrizar vehículos antiguos, hasta un total de 150 millones de dólares, y créditos para adquirir nuevas unidades a una tasa preferencial subsidiada del 9%.
El ministro también anunció un pago de 80 millones de dólares en concepto de deuda histórica con el transporte de pasajeros y una compensación de tres meses al transporte comercial.
Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería anunció la entrega de subvenciones a agricultores, así como la entrega de maquinaria como tractores a campesinos y motores a pescadores artesanales.
En el área de protección social, el Ejecutivo informó que desde octubre se entregará el Bono de Desarrollo Humano a 55.000 nuevas familias, así como la devolución del impuesto al valor agregado a unas 115.000 personas mayores de 65 años y alrededor de 80 millones de dólares por el mismo concepto a constructores de proyectos inmobiliarios.
