Redacción
La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, y el viceconsejero del área, José Manuel Sanabria, se han reunido recientemente en el Parlamento con el concejal de turismo de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, para abordar la futura Ley de Ordenación del Turismo.
Estudio sobre la representación de complejos turísticos
Santa Cruz de Tenerife, 28 oct. El Gobierno de Canarias está considerando que los complejos turísticos que cuentan con diversas unidades de explotación puedan tener un único representante ante la administración. Esta medida busca simplificar la gestión y asegurar que todos los propietarios compartan los gastos de explotación, permitiendo, al mismo tiempo, la opción de comercializar sus propiedades por separado o mediante la explotación general del establecimiento.
La legislación vigente en Canarias, que impone la unidad de explotación para los complejos de apartamentos, se encuentra bajo revisión. Esta decisión ha sido bien recibida, especialmente después de que el Tribunal Supremo aceptara examinar la normativa por la pluralidad de propietarios afectados, para determinar su compatibilidad con la directiva europea de servicios.
La revisión de la Ley de Ordenación del Turismo tiene como objetivo adaptar la normativa a la realidad de muchos establecimientos en los que coexisten propietarios que utilizan sus apartamentos con fines turísticos y otros que los emplean como segundas residencias.
El Ejecutivo canario persigue que cada unidad pueda operar de forma independiente, en conjunto con otras o en el marco de la explotación general, contribuyendo siempre a los gastos comunes.
Además, se busca regular el uso residencial dentro de los complejos turísticos. La intención es definir quién puede residir de forma permanente en estos complejos, basándose en la Ley del Suelo de 2017, que permitía el uso residencial para quienes estaban empadronados antes del 1 de enero de ese año.
Este enfoque busca resolver los conflictos actuales en muchos complejos, donde algunos propietarios no contribuyen a los gastos comunes, mientras que las empresas explotadoras imponen costes que exceden lo aceptable. El Gobierno espera que el planeamiento municipal sea la clave para definir el uso del suelo —si es residencial, turístico o mixto— y, con ello, aplicar total o parcialmente la ley turística correspondiente.
El Ejecutivo mantiene, como principio básico, la especialización del suelo y el predominio del uso turístico en los espacios destinados a esta actividad, aunque prevé excepciones en casos debidamente acreditados.
Encuentro entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
Para discutir este asunto, la consejera Jéssica de León se ha reunido con Alejandro Marichal con el objetivo de recabar aportaciones para la futura Ley de Ordenación del Turismo, que se aspira a aprobar antes de finalizar la legislatura. Según De León, la nueva ley abordará tres aspectos principales: la comercialización de los apartamentos, los usos permitidos por los distintos ayuntamientos y la problemática de las segundas residencias.
“Es evidente que el problema fundamental que tiene Canarias hoy por hoy es la residencialización y el principio de unidad de explotación”, ha señalado la consejera. Además, recordó que el auge de la economía de plataformas ha llevado a muchos propietarios a eludir la unidad de explotación para comercializar sus propiedades de forma individual.
“Esta ley tiene que dar respuesta a los usos actuales que han surgido desde la ley de 2013, los cuales han creado un marco normativo desactualizado”, expresó De León.
Por otro lado, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está trabajando en una ordenanza para regular los usos del suelo dentro de su ámbito competencial, definiendo claramente los usos permitidos en las parcelas turísticas.
Posición del Ayuntamiento sobre residencialización y explotación
El concejal de Urbanismo y teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana valoró la “voluntad negociadora” de la consejera de Turismo, destacando la necesidad de separar la gestión del complejo y los gastos comunes de la comercialización. Este nuevo enfoque pretende resolver un asunto que ha permanecido sin solución por muchos años.
El edil recordó que el Ayuntamiento comenzó en 2024 una modificación de su plan general que se encuentra en proceso, aclarando que el uso residencial puede ser compatible con el turístico. Sin embargo, esta compatibilidad debe estar en concordancia con la nueva ley en tramitación por parte del Gobierno de Canarias.
“Hoy nos hemos reunido para buscar consensos entre el Ayuntamiento y el Gobierno, asegurando que esta nueva ley también contemple a los residentes en zonas turísticas”, concluyó el concejal.
En relación a la explotación turística de los complejos, el edil aclaró que el principio de unidad de explotación permitiría la comercialización incluso sin contar con una mayoría relativa en la propiedad, algo que antes dejaba un vacío legal para aquellos que no llegaban al 50% más uno.
Finalmente, hizo hincapié en la importancia de llegar a un acuerdo en este aspecto y expresó su deseo de que la Consejería de Turismo explore nuevas vías para agilizar el procedimiento de suspensión de sanciones, en relación al decreto que paralizó las multas a residentes en zonas turísticas, aprobado a principios de 2025.
