Redacción
La propuesta de la Seguridad Social para las cuotas de los autónomos a partir de 2026 ha suscitado críticas en un colectivo que demanda más protección social. Esto no solo incluye la reforma del cese de actividad, sino también el acceso a permisos como el de lactancia y al subsidio para mayores de 52 años, a los que en la actualidad no tienen derecho.
Este lunes, las principales asociaciones de autónomos, ATA, UPTA y UATAE, se reúnen nuevamente después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones haya presentado, junto con la senda de cuotas para los próximos tres años, la intención de reformar el cese de actividad, que es el equivalente al paro para los autónomos en caso de suspensión definitiva o temporal de su actividad.
La reforma del cese de actividad
En lo que respecta al cese de actividad, el propio Ministerio reconoce que presenta problemas, tales como unos requisitos legales «demasiado estrictos» y la dificultad de acreditar la situación que permite solicitarlo. En lo que va del año se han presentado 11.501 solicitudes de prestación por cese de actividad, de las que 5.295 han sido aprobadas, 6.786 han sido rechazadas y 245 desistidas. Esto implica que el 60 % de las prestaciones solicitadas este año han sido denegadas, siendo el principal motivo la imposibilidad de acreditar el cese efectivo de actividad.
Inclusión defiende mayores cuantías de las prestaciones
El Ministerio de Inclusión está abierto a flexibilizar los requisitos de acceso, modificando el porcentaje de pérdidas y de reducción de ingresos o ventas, así como a regular una prestación extraordinaria en casos de emergencia. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha destacado que la subida de cuotas es parte del acuerdo sellado en 2022 para que los autónomos coticen por sus ingresos reales y puedan acceder a mayores prestaciones.
Por ejemplo, un salario medio que solicite el cese de actividad podría recibir ahora unos 670 euros al mes, mientras que, con la propuesta del Gobierno de aumentar las cuotas, podría llegar a recibir 1.360 euros. En cuanto al permiso de nacimiento, la cantidad pasaría de 970 euros a 1.940 euros.
Acercar la protección a la de los asalariados
El espíritu del Pacto de Toledo y del diálogo social no se limita a aumentar la contribución, sino a acercar la protección social de los autónomos a la de los trabajadores por cuenta ajena. En este sentido, ATA, la asociación de autónomos integrada en CEOE, ha denunciado que la Administración no ha cumplido con su parte del acuerdo, señalando que la reforma del cese de actividad «dista mucho de ser una protección real y efectiva comparable a la prestación por desempleo».
Entre los puntos pendientes también se incluyen el subsidio para mayores de 52 años, el permiso por lactancia, permisos en caso de adversidades climatológicas o por el fallecimiento de un familiar, así como el tratamiento de las lagunas de cotización. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, expresó: «Pretenden que coticemos por un Ferrari y tengamos derechos por un Panda».
Sobre las resoluciones judiciales
UATAE ha solicitado abordar los vacíos existentes y, respecto al cese de actividad, ha enfatizado las altas exigencias para acceder a esta prestación, lo cual no sucede en el caso de los asalariados que cobran el paro. UPTA ha subrayado «el vacío de protección» que enfrentan los autónomos que recurren la denegación de su cese.
Las resoluciones desfavorables pueden ser objeto de recurso, pero mientras se resuelven, los autónomos quedan en situación de baja en la Seguridad Social, lo que les deja «desprotegidos en materia de prestaciones básicas de asistencia sanitaria, jubilación, incapacidad y prestaciones por muerte y supervivencia». Por tanto, se ha reclamado que, mientras los recursos no sean firmes, el trabajador autónomo y su familia mantengan estas prestaciones básicas.
Por el momento, la mesa de negociación no ha entrado a discutir estos temas en detalle y se ha centrado en presentar una primera propuesta de cuotas que seguirá siendo objeto de negociaciones en los próximos meses.
