Constanza Sanchez
Estados Unidos y Trinidad y Tobago reafirmaron recientemente sus medidas conjuntas para asegurar que el gas natural producido en el Caribe «no beneficie significativamente» al Gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro. Este tema fue abordado en una reunión en Washington entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, donde consolidaron la alianza entre ambos países en áreas como la seguridad regional y la cooperación antinarcóticos.
En abril de este año, la Administración de Donald Trump revocó la licencia que permitía a la Compañía Nacional de Gas de Trinidad (NGC) explotar el yacimiento Dragón, situado en aguas venezolanas, para la exportación de gas natural licuado. Esta decisión forma parte de la estrategia de presión de Washington sobre Caracas.
Al asumir el poder el 1 de mayo, Persad-Bissessar consideró «muerto» el proyecto Dragón, que ya acumulaba varios años de retrasos debido a las sanciones impuestas por Washington. En su lugar, la primera ministra ha apostado por fortalecer las relaciones energéticas con Guyana, Granada y Surinam.
Compromiso de seguridad energética
Durante la reunión de este martes, Rubio subrayó la importancia de la seguridad energética para la prosperidad económica de Trinidad y Tobago, según un comunicado del Departamento de Estado. Destacó el apoyo de Estados Unidos a la propuesta de gas Dragón del gobierno y las medidas para asegurar que no beneficie significativamente al régimen de Maduro.
Este compromiso se enmarca dentro de las sanciones que Washington tiene vigentes sobre la industria petrolera y gasífera de Venezuela, las cuales limitan sus exportaciones y el acceso a divisas del país. A través de estas restricciones, Estados Unidos busca evitar que proyectos conjuntos o transfronterizos proporcionen ingresos al Gobierno de Maduro.
Este acercamiento de la Administración de Trump con la líder de Trinidad y Tobago ocurre también en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en el Caribe sur, justificada por Washington como parte de la lucha contra el narcotráfico proveniente de Venezuela, lo cual ha incrementado las tensiones con Caracas.
