Constanza Sanchez
Un tribunal en Brasil ha condenado a la filial brasileña de Volkswagen por ejercer trabajo análogo a la esclavitud en una hacienda dedicada a la cría de ganado en el estado de Pará, en el norte del país, durante la dictadura militar brasileña, en las décadas de 1970 y 1980.
De acuerdo con la condena divulgada por el Ministerio Público de Trabajo, Volkswagen Brasil deberá pagar 165 millones de reales (aproximadamente 30 millones de dólares), y también reconocer públicamente su responsabilidad en los hechos, además de pedir disculpas a los trabajadores afectados y «a toda la sociedad brasileña».
El Ministerio Público de Trabajo ha celebrado esta condena, calificándola como «la mayor de la historia» para una causa de trabajo esclavo en Brasil. Sin embargo, consultada por medios locales, Volkswagen Brasil aún no se ha pronunciado. Fuentes citadas por el medio brasileño ‘UOL’ indican que la empresa apelará la decisión judicial.
Volkswagen Brasil «explotó la mano de obra»
El juez responsable de la decisión, Otavio Bruno da Silva Ferreira, argumentó que existen pruebas que constatan que la empresa no solo invirtió en esta hacienda, sino que también «participó activamente de su conducción estratégica, beneficiándose directamente de la explotación ilícita de mano de obra».
Además, el juez declaró que «en los años en los que se dieron los hechos» denunciados, la empresa «contó con recursos públicos y beneficios fiscales que ayudaron a impulsar su negocio de cría de ganado, convirtiéndolo en uno de los mayores centros del sector».
Los hechos ocurrieron en la Hacienda Vale do Rio Cristalino, conocida como ‘Hacienda Volkswagen’, situada en el municipio de Santana do Araguaia, donde centenares de trabajadores eran sometidos a ejercer su labor «en condiciones degradantes», bajo situaciones extremas de violencia, vigilancia armada, alojamientos precarios, alimentación insuficiente y privados de asistencia médica, según testimonios recogidos durante el proceso.
Cinco años de proceso legal
El caso llegó a manos del Ministerio Público en 2019, que decidió procesar a la empresa en diciembre de 2024, tras una extensa investigación. Esta incluyó la creación de un grupo de trabajo especial para reunir la documentación pertinente y llevar a cabo una serie de audiencias con testigos.
Según el fiscal laboral Rafael Garcia Rodrigues, que coordinó estas investigaciones, los documentos y testimonios recabados comprueban las «gravísimas violaciones a los derechos humanos» en aquel periodo y permitieron «constatar la sumisión de los trabajadores a condiciones parecidas a las de esclavitud».
